Hace algunos días, el presidente de Chile firmó con gran anuencia de los medios globalistas, el acuerdo/tratado, cuyos contenidos y alcances son prácticamente desconocidos para la mayoría de los chilenos. Nos referimos al acuerdo de Escazú, conocido también como “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Que ahora transitara hacia Congreso nacional para su ratificación. A este respecto la vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que el proyecto será ingresado al Congreso con “suma urgencia”, donde serán los parlamentarios quienes decidirán si ratificar o no el acuerdo.  “Va a ingresar al Congreso la próxima semana, ahí tiene una tarea tremendamente importante el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson (…). Esto entra con suma urgencia y, además, tiene que pasar por ambas cámaras, ingresando por la Cámara Baja, de Diputados, y luego al Senado”, dijo Vallejo y agregó que “esperamos que sea un trámite expedito para que podamos tenerlo cuanto antes”.  Ya la suma urgencia es tremendamente desusada para este tipo de acuerdos. Hasta donde tengo información nadie se va a morir por firmarlo en este mes o en tres meses más. La mayoría de los países de America Latina todavía no lo han ratificado.

En este contexto, de apuro gubernamental, nos referiremos algunos aspectos de interés sobre este de acuerdo que tiene la más alta prioridad y que merecen reflexión.

En primer lugar, cabe señalar que Escazú no es un acuerdo que promueva directamente la protección del medio ambiente y menos su sostenibilidad. Más bien es un acuerdo garantista de derechos para un vasto ejército de Fundaciones, ONGs y activistas de las más variopintas organizaciones ambientales nacionales y/o extranjeras tendientes a brindar acceso a todas aquellas iniciativas públicas y privadas, que a su exclusivo criterio puedan ser de su interés. El estado chileno y sus privados se obligarán a cumplir estas demandas a riesgo de ser demandado en cortes internacionales y por qué no decirlo, a ser juzgado por la prensa globalista. Se trata entonces de producir en los más vulnerables la incertidumbre y por consecuencia la inactividad productiva. (Véase como un hecho anticipado, la quema de cultivos en las supuestas tierras ancestrales).

En segundo lugar, resulta muy interesante tener en cuenta que tipo de organizaciones que muestran su apoyo a este tratado. Entre ellas encontramos casi todas las organizaciones globalistas del mundo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Cual es interés destacar la relevancia del Acuerdo de Escazú como herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones. No será acaso que quieran garantizar sus inversiones (prestamos), para que eventuales conflictos se procesen fuera del ámbito nacional y bajo la jurisdicción de cortes internacionales. Para los que quieran revisar más de este tema pueden revisar el historial criminal de los proyectos del banco mundial en materias ambientales y ecológicas en los últimos 75 años.

En tercer lugar, si se observan los apoyos internacionales, entre muchas otras, la WWF, organización que recibe donaciones de las fundaciones de la sociedad abierta de Soros y la fundación Bill y Melinda Gates y que está relacionada con un pasado nada transparente. Conductas criminales y por haber sido financiada por empresas petroleras.

En este sentido, resulta muy interesante revisar el caso de Paraguay, en donde los grupos ecologistas estan ejerciendo fuertes presiones el gobierno de ese país para disminuir la tala de bosques para destinarlas a la ganadería. Resulta muy controversial, que el principal promotor de la carne sintética en el mundo es el “señor” Bill Gates, quien ha llegado a exigir a las naciones ricas que coman carne sintética y «forzar» su consumo.  Gates es un gran inversor de empresas de carne artificial y ha afirmado que presionará a los gobiernos para que regulen el mercado. Está claro quiénes serán los títeres que   van a presionar y que lo harán protegidos por el paraguas jurídico internacional que les brindará este seudo acuerdo ambiental.

En cuarto lugar, este tratado es único en el mundo. Es decir, la mayor parte de las naciones desarrolladas ni si quieren tienen estudios preliminares de un acuerdo de estas características en sus respectivas áreas económicas. Y es lógico. Ninguna de estas naciones globalistas quiere ver disminuida sus libertades mercantiles por amarrarse legalmente con ciertos derechos que no les son útiles. Personalmente opinó, que este acuerdo es una nueva forma de neocolonialismo para America Latina, dueña de importantes recursos naturales y que persigue en la ratificación de este acuerdo es esclavizarnos para así cumplir con los designios del poder del globalismo y sus serviles vasallos las ONG´s ambientalistas. Son las naciones menos desarrolladas las que deben obedecer, sobre todo, si tienen autoridades inclinados a la expoliación de los recursos de su nación.

En síntesis, este sui generis tratado que, no tiene nada de ambientalista, pero si mucho financiero, puede definirse como una fórmula legal ad hoc exclusiva para America Latina. Su objetivo controlar sus recursos naturales, por parte de los siniestros intereses corporativos del globalismo y como he mencionado, proporcionar poderes prácticamente ilimitados a los terro-activistas bien pagados para intervenir en todo los asuntos ambientales y ecológicos de nuestro país.