El pasado 31 de mayo (hace cuatro meses) terminó el período de la abogada Patricia Muñoz como Defensora de la Niñez. A este cargo se postula por concurso público y es la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado quien recibe las postulaciones. Quienes cumplen los requisitos, son oídos por dicha Comisión y luego de ello se propone un nombre al Senado, quien debe ratificar a la persona propuesta.
Por segunda vez, la sala del Senado votó la propuesta de la Comisión y no alcanzó el voto a favor de 2/3 de los senadores en ejercicio. El nombramiento se politizó en extremo y el senado ha dado una vez más una triste señal de que “niñas y niños primero” es una frase de la política espectáculo.
La Defensoría de la Niñez es una institución joven creada por ley N°21.067 que fue promulgada en enero de 2018. Su importancia radica no sólo en que esta población tiene derechos, sino que es un deber del Estado defenderlos con mayor atención por cuanto son un grupo vulnerable debido a su edad y dependencia de los adultos.
Tanto para niñas y niños como para la sociedad en general, el derecho a vivir en paz y libre de violencia es el principal derecho a defender y promover, y por ello se necesita contar con una institución fuerte. El tener una dirección interina por un periodo tan prolongado la debilita en desmedro del grupo al que debe proteger.
En estos meses han cobrado relevancia las bandas de crimen organizado y el Estado ha tomado conciencia que una de las condiciones para enfrentar esta nueva realidad es la coordinación interinstitucional. Es imprescindible por tanto que la Defensoría de la Niñez colabore activamente en esta estrategia porque niñas, niños y jóvenes son reclutados o secuestrados por estas bandas para alimentar sus redes de tráfico de drogas, prostitución y otros delitos de connotación social.
Niñas, niños y jóvenes están expuestos a crecientes grados de violencia en una sociedad que avanza en la resolución violenta de conflictos y retrocede en la capacidad de diálogo y participación. Una niña o niño que crece recibiendo y viviendo en contextos de violencia en su familia, en su barrio, la escuela y en los medios de comunicación, incluidos las redes sociales, es una persona que resolverá sus conflictos y frustraciones por la vía violenta.
El deterioro de la convivencia es una preocupación que debe ser abordada desde el sistema educacional y, también en este ámbito, la Defensoría de la Niñez debe jugar un rol activo apoyando al Ministerio de Educación en la formulación e implementación de políticas públicas.
Estamos enfrentando un ambiente político de corto plazo, en el que cada sector busca obtener pequeñas ventajas sobre sus adversarios. Como niñas, niños y jóvenes menores de 18 años no votan, no son prioridad de política pública. Lamentablemente la expresión “las niñas y niños primero” sigue siendo una frase de la política espectáculo.
Por: Marcelo Trivelli Oyarzún.
Presidente Fundación Semilla.