DECLARACIÓN PÚBLICA.
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), ante la presentación de la Cámara de Diputados, el día 27 de marzo de 2020, del “Proyecto de Ley que suspende el cobro de aranceles y otras obligaciones pecuniarias en Instituciones de Educación superior”, en el contexto de la pandemia producida por el Coronavirus o COVID-19, considera que dicha moción parlamentaria, más allá de sus propósitos, puede perjudicar gravemente a las universidades, sus comunidades y su responsabilidad de sostener la continuidad de la educación superior en todo el país.
Cabe enfatizar que desde la fecha en la cual el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria para todo el territorio nacional, las universidades han adoptado medidas orientadas a controlar la propagación y resguardar la salud de la población.
Ello interrumpió el proceso de matrícula y para diversas instituciones produjo una significativa pérdida de estudiantes.
En todo caso, las universidades del CRUCH, desde Arica a Magallanes, han puesto todos sus recursos a disposición de la emergencia nacional, a través de sus laboratorios, centros de investigación, expertos(as), profesionales de las distintas áreas de la salud, demostrando así su compromiso y colaboración con la autoridad sanitaria.
En atención a estos hechos, el Consejo de Rectores ha acordado hacer públicas las siguientes consideraciones respecto de dicha moción parlamentaria:
- Conscientes de la contingencia que afecta económicamente a Chile, las propias universidades han impulsado una serie de medidas con el propósito de flexibilizar el cumplimiento de los compromisos financieros, otorgando facilidades adicionales a las que regularmente otorgamos a nuestros(as) estudiantes y sus respectivas familias, según las necesidades y condiciones que siempre hemos reconocido. Del mismo modo, todas las instituciones están atendiendo y buscando respuestas a las necesidades de conectividad de aquellos(as) estudiantes que carecen de tales medios.
- En estos momentos resulta imprescindible mantener los procesos formativos y los aportes científicos y sociales que las universidades hacemos al país. Sin embargo, en estas circunstancias, estas tareas implican asumir nuevos desafíos que demandan recursos humanos y materiales que debemos afrontar con recursos presupuestarios no previstos para 2020.
- Si las universidades experimentan mermas en sus ingresos ya ajustados, ello afectará no solo al cumplimiento de sus funciones, sino a toda la comunidad universitaria del país, lo que inevitablemente tendrá impactos relevantes en la sustentabilidad de nuestras instituciones. Este impacto negativo sería especialmente grave e insuperable en aquellas que cumplen un rol social significativo en las distintas regiones del país.
- Sostener la formación de nuestros(as) estudiantes y la remuneración del conjunto de académicos(as) y funcionarios(as) tiene costos que se financian con los aranceles, por lo que resulta inadecuado zanjar a través de una ley de aplicación general la suspensión de los mismos, impidiendo que sean las propias instituciones las que atiendan situaciones específicas de los(as) estudiantes, sin considerar además la diversidad de condiciones financieras y académicas en que las instituciones cumplen sus funciones a lo largo del país.
- La contribución indelegable de las universidades en esta crisis es dar continuidad a las funciones del sistema educativo. En tal sentido, podemos asegurar que cada una de nuestras casas de estudio está actualmente implementando todas las acciones a su alcance para avanzar vía trabajo remoto y clases virtuales. Esto mismo exige cuidar estándares de calidad y de equidad en el acceso y resultados de aprendizaje para todos y todas nuestros(as) estudiantes.
- Las universidades deben cuidar el capital intelectual, científico y artístico-cultural del país y ello supone, ciertamente, sobriedad en la expresión y realismo para ponderar las diversas necesidades del sistema de educación superior. Una moción como la que plantea el proyecto de ley no ofrece una alternativa que realmente atienda al bien común, ni a la complejidad de las variables y urgencias presentes.
Finalmente, queremos ser muy explícitos, nuestra voluntad será, desde luego sobre la base del diálogo, acoger y procurar que ningún estudiante ni sus familias se vean excluidos ni tengan que agregar mayores costos a su educación en estas condiciones tan adversas para todos, y que no dejaremos de dar las facilidades que cada institución según sus capacidades pueda otorgar.