En ese contexto, la directora Magíster en Gestión de Sistemas de Salud de la Facultad Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Sandra Alvear, realizó un análisis de esta situación que va más allá de lo epidemiológico, enfocándose en los factores socioeconómicos.

“Esta situación significa que los adultos mayores deben utilizar sus ahorros para sobrellevar la complejidad de la reducción de sus ingresos. Se observa que, un 11% recurrió a la venta de bienes del hogar, a lo que sumamos que el 52% de las personas mayores reconoce que retiró al menos una vez el 10% de su AFP”, comentó la académica.

A esto se suma que un 38% de las personas mayores reconocen haber disminuido su gasto en alimentación y de ellos un 56% son mujeres.

“Se observa que las personas mayores han sido doblemente afectadas por la pandemia Covid-19, enfrentando un confinamiento autoimpuesto por el riego de contagio y por las consecuencias de lo que aquello significaba”, planteó.

Según su perspectiva, los adultos mayores fueron afectados debido a que están activos en el mercado laboral, principalmente debido a las bajas pensiones, y por el contexto de pandemia, no existían las condiciones para que este grupo etario pudiese desempeñarse laboralmente.  “Esto los impactó directamente en la reducción de sus presupuestos y acrecentó aún más la angustia que generan los posibles contagios y el nivel de vulnerabilidad”, precisó Alvear.

La académica manifestó que en este escenario que se enfrenta, es vital generar políticas públicas, más aún considerando que este grupo etario va en aumento. “La sociedad chilena enfrenta un importante desafío, su envejecimiento. Según el Censo de 2010, las personas de 65 años y más, representaban el 9,2% de la población, dicho porcentaje aumentó a 11,3% según el Censo del año 2017 y se estima que para el año 2030 la población de personas mayores de 65 años alcance el 16,9% a nivel nacional. Paralelamente, se estima que para el año 2050 dicho grupo etario tenga uno de los índices más alto de dependencia, 40,9%, en relación a 23,5% que se observará a nivel mundial”, advirtió.

Por ello, explicó la profesora de la UTalca que, “el enfoque debe estar basado en los derechos humanos, estableciendo que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones para que las personas puedan llevar una vida sana”, indicó.

Y agregó que esto permite que ese derecho sea extensivo a los factores determinantes básicos, como son la alimentación, la vivienda, el acceso a agua limpia potable, a condiciones sanitarias adecuadas, trabajos seguros, y un medio ambiente sano.

Alvear se refirió, además, a las redes de apoyo familiar que tienen los adultos mayores, ya que según la encuesta Casen 2020, el tipo de hogar que mayoritariamente habitan estas personas son de tipo nuclear biparental (45%), es decir, con la presencia de ambos padres y sus hijos. Le sigue los de tipo extenso biparental (15%), que incluye a nietos, lo que significa que la crianza está a cargo de los padres y de los abuelos; y viviendas unipersonales (13%), que están conformadas por personas mayores solteras, viudas, separadas o divorciadas.

“Al analizar las cifras, se puede concluir que los adultos mayores enfrentan dos extremos, según el tipo de hogar habitado. Por un lado, habitan en hogares en compañía de hijos y nietos, aceptando responsabilidades que ellos ya ejercieron al criar a sus propios hijos, y por otro lado habitan solos, dificultando así su acceso a redes de apoyo”, declaró.

“El llamado es a pensar de una manera integral la forma en que la sociedad enfrenta esta pandemia, pensando no solo en el bienestar de las personas mayores desde la perspectiva epidemiológica, sobre todo si es que se vuelven a repetir medidas restrictivas de desplazamiento”, concluyó.