Por: Constanza Gajardo, abogada.

Los derechos al agua serán centrales en la discusión constitucional, especialmente en nuestra región del Maule, ya que Chile se ha visto expuesto a los efectos del cambio climático que proyectan aumentos en la temperatura y disminución en las precipitaciones, sobre todo en las regiones más afectadas que son las comprendidas entre Valparaíso y Maule, donde las precipitaciones anuales disminuyen hasta en 200 mm, lo que generará impactos negativos como la pérdida de competitividad de los sectores productivos, aumento de los conflictos entre sectores y usuarios, pérdida de ecosistemas hídricos y daño ambiental.

Sin embargo, ninguno de estos efectos se soluciona con una consagración en la Constitución, sino con mayor gestión y gobernanza garantizada desde la ley, ya que los mayores problemas son en materia de gestión hídrica y gobernanza: falta de información, deficiente coordinación e institucionalidad, escasa fiscalización y marco normativo inadecuado para la gestión integral de los recursos hídricos.

En la Constitución podríamos consagrar al agua como un bien de uso público, pero esto tendría que estar acompañado de cambios al Código de Aguas para establecer la temporalidad de los derechos de agua y las causales de extinción de los mismos, fortalecer el rol del Estado en esta materia y fortalecer la capacidad de gestión de los sistemas de APR.